En los últimos meses, el papel del Estado en la investigación académica fue motivo de discusión. En estas líneas lo abordaremos desde un punto de vista distinto al relativo a la financiación de los investigadores, que fue el centro de dicha discusión. Concretamente, nos referiremos a la provisión de datos administrativos que permitirían a los académicos nacionales e internacionales investigar sobre las circunstancias o los efectos de políticas públicas en diversos sectores, como, por ejemplo, la educación. Dicha información también puede cumplir un papel fundamental para que los padres puedan estar mejor informados sobre las alternativas disponibles para sus hijos.

En el caso de Chile, por poner un ejemplo cercano, cualquier persona puede acceder a la página del Centro de Estudios del Ministerio de Educación (ver enlace) para obtener datos administrativos a nivel individual (con identificador de fantasía) sobre matrícula, asistencia, rendimiento del estudiante y datos de egresados. También se pueden consultar los resultados de las pruebas anuales SIMCE (equivalentes a las pruebas Aprender en la Argentina). Aunque en la web del ministerio están disponibles solo a nivel de colegio (ver enlace), cualquier investigador puede pedir acceso a los datos individuales mediante el sistema de acceso a la información pública. Finalmente, también es posible acceder a las calificaciones de los docentes asignados a un establecimiento, tanto relativas a sus niveles de estudio como a los resultados en evaluaciones docentes, obviamente anonimizados.

Dado que el identificador no cambia con el tiempo, el investigador puede seguir la trayectoria del estudiante por la educación primaria y secundaria y puede evaluar el efecto de cualquier política o evento que pueda afectar a un grupo de estudiantes en particular, ya sea en su rendimiento en pruebas estandarizadas o en la probabilidad de repitencia o abandono. Lo anterior implica, por un lado, que la sola disponibilidad de la información permitiría que comunidad académica “trabajara” en la evaluación de las políticas educativas que se lleven a cabo, lo cual podría ser un aporte para que se tomen decisiones mejor fundadas sin costo alguno para el Estado.   

Un punto importante acerca del sistema de información chileno es que si bien, como es obvio, los identificadores de los alumnos son ficticios, los colegios son identificables. Por otro lado, el simple hecho de que exista información sistematizada sobre el rendimiento de cada colegio puede ayudar a los padres a tomar una decisión más informada sobre el colegio al que enviarán a sus hijos.

Veamos ahora qué datos educativos están disponibles en nuestro país. En la página de la Dirección de Información y Evaluación Educativa (DIEE) de la Secretaría de Educación es posible acceder a información detallada por unidad educativa (ver enlace). Concretamente, uno puede acceder, a nivel de colegio, a la evolución del número de alumnos promovidos y no promovidos, egresados y alumnos con sobreedad, así como a los resultados de las pruebas Aprender, entre otros indicadores. También es posible acceder a las características de los colegios, como, por ejemplo, si tienen laboratorio o biblioteca, y el equipamiento con el que cuentan.

Si bien la información está detallada y permite analizar el desempeño conjunto del sistema, creemos que se podría analizar en más profundidad si los datos estuvieran disponibles a nivel individual, manteniendo, por supuesto, la anonimidad de la información. Por ejemplo, como en el caso de las pruebas estandarizadas chilenas, podría establecerse un protocolo según el cual el investigador interesado podría acceder a los datos individuales tras identificarse y describir su proyecto de investigación, aunque es importante que la existencia de dicho protocolo sí sea pública.

Es importante destacar que, a diferencia de lo que describíamos para Chile, en los datos administrativos argentinos la identidad de los colegios es anónima, por lo que hasta este año solo se podía saber en qué provincia se ubica la escuela. A partir de este año 2024, es posible conocer la comuna (CABA), el partido (PBA) o el departamento (resto del país) correspondiente, para alrededor del 60 % de los colegios (localidades con al menos tres escuelas). Esta limitación en la información viene de la Ley de Secreto Estadístico Nº 17.622 de 1968 y, en particular, de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 de 2006, que en su artículo 97 establece que “la política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.   

Cabe detenerse en el párrafo citado porque creemos que en alguna medida altera el concepto de secreto estadístico, concebido para proteger la privacidad individual, y lo extiende a instituciones que en su gran mayoría o son públicas o reciben subsidios de parte del Estado. Por lo tanto, se establece una “privacidad” por parte de la institución educativa y en este caso su “información privada” vendría a ser la evolución de su rendimiento, a riesgo de que dicha institución sea “estigmatizada”.

En un momento en el que se multiplican las voces que alertan sobre los malos resultados educativos, parece insostenible que existan normas que, alegando privacidad, impidan que los padres puedan tomar decisiones informadas acerca de la educación de sus hijos. De hecho, que los padres posean y usen esta información puede actuar como un incentivo para que los colegios mejoren su calidad y gestionen mejor sus recursos. El apego a estas normas vetustas de «privacidad» parece, aunque sutil, una forma más de defensa corporativa de un sistema que demuestra hace décadas no dar para más.

Eugenio Giolito
Profesor de Economía, Ucema.